Miles de inmigrantes se convierten en irregulares tras caducar su permiso de residencia por carecer de empleo

La estancia de 1,4 millones de inmigrantes depende de la existencia de un puesto de trabajo.

El
drama del desempleo se está cebando en la economía española, pero en el
caso de la población inmigrante el problema es mucho mayor.

Muchos despachos de abogados y centros de asesoramiento de
extranjeros están desde hace semanas desbordados por la llegada de
inmigrantes que no han podido renovar su tarjeta de residencia por no
disponer de un puesto de trabajo o por haber agotado ya su prestación
por desempleo.

“Estamos notando un fuerte aumento de personas
que vienen al despacho a pedir información”, asegura un abogado
especializado en cuestiones de inmigración. Aunque la cifra es difícil
de calcular, algunos estiman que en esta situación se podrían encontrar
decenas de miles de inmigrantes que se han convertido sin quererlo en
irregulares a causa del agravamiento de la situación económica, y que
por ende pueden ser expulsados en cualquier momento por las autoridades
judiciales al estar en paro.

En la actualidad, y según la
Encuesta de Población Activa del último trimestre de 2008, 779.400
extranjeros se encuentran sin trabajo, y de ellos, según los Servicios
Públicos de Empleo, 350.582 cobran alguna prestación económica. Menos
de la mitad proceden del espacio Económico Europeo (la UE ampliada),
por lo que más de 175.000 podrían encontrarse con problemas para
renovar su tarjeta de residencia.

La normativa española vincula
la estancia legal de un extranjero al hecho de que disponga de un
empleo, y de hecho la autorización se denomina de residencia y trabajo.
Para obtener un permiso es necesario, por lo tanto, la existencia de un
contrato laboral que inicialmente permite al inmigrante vivir en España
durante un año. Tras la primera renovación, el extranjero puede
permanecer en el país dos años adicionales; y otros dos años tras la
segunda renovación. Una vez que se ha cumplido el ciclo de cinco años
con permisos temporales, el extranjero obtiene una autorización de
carácter permanente. A estos trabajadores no les afectaría, por lo
tanto, la caída del empleo, ya que no necesitan renovar su tarjeta de
residencia.

Ocurre, sin embargo, que el grueso de la inmigración
llegó a España en los últimos cinco años, por lo que la gran mayoría de
los inmigrantes no comunitarios se encontrarían en esa situación. El 31
de diciembre de 2003 existían en España 1,64 millones de extranjeros
con tarjeta o permiso de residencia en vigor, mientras que al acabar el
año pasado el número había crecido hasta los 4,47 millones, es decir,
casi el triple.

Familiares de extranjeros

De estos, el
60% son extracomunitarios, lo que significa que alrededor de 2,6
millones necesitan tener un empleo para lograr la autorización de
residencia. Como quiera que algo más de 1,2 millones viven en España
desde hace más de cinco años, eso supone que la estancia de 1,4
millones de inmigrantes depende de la existencia de un puesto de
trabajo. En la cifra, lógicamente se incluyen los familiares de los
trabajadores extranjeros.

En caso de que el inmigrante no tenga
empleo, la autorización de residencia sólo se renueva si el trabajador
acredita una oferta de trabajo o está en condiciones de percibir algún
tipo de prestación económica, ya sea de carácter contributiva o
asistencial, incluidas las rentas de inserción que conceden las
comunidades autónomas.

Según fuentes jurídicas consultadas, la
normativa española es clara a este respecto. Y de ahí que los letrados
que asesoran a los inmigrantes estén reclamando de la Administración
–en ese caso las subdelegaciones del Gobierno- una interpretación menos
rígida de la norma. Básicamente por una razón. Existe la convicción de
que en caso contrario muchos inmigrantes no tengan otra opción que
integrase en en el circuito de la irregularidad. En el de la economía
sumergida.

“La clandestinización de los trabajadores sería lo
peor que pudiera ocurrir en unas circunstancias como las actuales”,
aseguran las fuentes. Y ese es un peligro cierto después del fracaso
que ha supuesto el programa de regreso voluntario de los inmigrantes a
su país de origen.